En la actualidad, el sector agrario está incorporando los principios de conservación del medio ambiente en sus políticas. Sirva como ejemplo, los requerimientos medioambientales que se empiezan a exigir para recibir las ayudas de la Política Agraria Comunitaria, así como las medidas agroambientales. A ello habría que añadir el que para la selección de los beneficiarios de las medidas agroambientales se valore preferentemente el que la explotación se encuentre dentro de la Red Natura 2000. Parece ser que tanto estas iniciativas como la compensación por pérdida de renta debida a las limitaciones de uso que se puedan derivar de la Red Natura 2000, van a adquirir mayor relevancia con la Reforma de la Política Agraria Comunitaria, que se está poniendo en marcha.
No obstante, hasta el momento, sin quitar importancia a estos avances mencionados, desde conservación de la naturaleza se desea que los protagonistas del medio rural adopten medidas concretas y de conservación de su entorno, de los recursos de su entorno y de los medios de vida que han emparejado la naturaleza y la cultura, y que por ello reciban los ingresos que corresponda. En otras palabras, se trataría de que el desacoplamiento que se está promoviendo en esta reforma, llevara implícito el trabajo en la conservación de los valores y recursos para recibir los pagos agrarios.
En este sentido, se propusieron por parte de la Dirección General para la Biodiversidad unas líneas de actuación que suponen el contenido de las transferencias de capital que se realizan a las Comunidades Autónomas anualmente. Cantidades que, por el momento, son realmente escasas, de las cuales, una de ellas constituye la única contribución económica directa a la financiación de la Red Natura 2000.
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